LEY Nº 7722: NADA DE LEY ANTIMINERA, LEY PIONERA EN LA DEFENSA DEL AGUA
Refutando ataques de funcionarios, empresarios y grupos mediáticos
Mendoza, 11 de mayo de 2010
En junio de 2007 Mendoza se convertía, a nivel nacional e inclusive internacional, en una de las pioneras respecto del cuidado del medio ambiente. Cuatro años después, la ley sancionada a partir del poder popular de una provincia que decidía proteger sus bienes comunes corre peligro. Hablamos de la Ley Nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias toxicas en la actividad minera, y que hoy, bajo el marcadamente tendencioso titulo mediático de “ley Antiminera”, soporta los ataques de funcionarios, empresarios, medios de comunicación y sus periodistas. Esta campaña se manifiesta a través del frustrado proyecto del senador Serralta, de los titulares de los grandes medios gráficos de los últimos días y, no menos importante, del discurso de Celso Jaque y las recientes palabras de la flamante directora de minería de la provincia, Adriana Blesa.
A lo largo de los últimos tres años, las organizaciones sociales, asambleas de vecinos, académicos y ciudadanos de las comunidades potencialmente afectadas, han logrado generar una importante conciencia social respecto de la protección de los bienes comunes, en especial el agua. Esto ha sido posible a partir de un gran esfuerzo de investigación, formación y debate en el interior de dichas organizaciones, enriquecido por el aporte técnico de profesionales que no temen denunciar una realidad que muchos de sus colegas e instituciones que los contienen se empeñan en ocultar. Rechazamos enérgicamente que se pretenda hacer creer que esta es una lucha impulsada por “fundamentalistas” o “ecoterroristas”. Todo lo contrario: responde a una genuina preocupación de comunidades que vieron instalarse la amenaza de la megaminería sobre sus territorios.
Paradójicamente, al mismo tiempo que en Mendoza se llevaba a cabo esta campaña de ofensiva contra la ley mencionada, el Parlamento de la Unión Europea resolvía el pasado 5 de mayo, “la prohibición completa del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedentes de la actividad minera”. Y dentro de los considerandos que motivaron tal decisión, se encuentra “que el uso de cianuro en la minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”. Sin perder de vista el importante antecedente que significa esta medida adoptada por casi todo un continente, no debemos olvidar que el cianuro es una sustancia toxica más de las tantas que utilizan las tecnologías propias de la minería a gran escala.
Es importante dejar en claro, frente a los mecanismos de engaño y difamación de los grandes medios, que las asambleas socio ambientales y las organizaciones sociales que promueven la defensa de los bienes comunes, como así también los vecinos directamente perjudicados por estos proyectos megamineros, no nos oponemos caprichosamente a la actividad minera en general, sino a un determinado modo de explotación a gran escala que implica el uso de tóxicos que causan efectos irreparables en la sociedad y el territorio y que no constituye, de ninguna forma, una alternativa válida de desarrollo, como desde el gobierno provincial y nacional quieren hacernos creer. Antes bien: es otro episodio más de una larga historia de saqueo y explotación de nuestro continente.
Los acontecimientos de los últimos días hacen evidente la relación directa que existe entre el poder económico, el gobierno local y profesionales y científicos adeptos a los mismos, con los grandes medios. Basta de descalificaciones gratuitas: somos ciudadanos informados y comprometidos que no se venden ante el poder económico. Reiteradamente luchamos por hacer oír nuestras voces a través de innumerables comunicados y volantes de difusión que estos acallan y tergiversan, negándose a publicarlos, gozando de la posición ventajosa que su condición de medios masivos les concede entre la sociedad.
Además, en relación a las palabras de la directora de minería, no podemos dejar pasar la manipulación discursiva que tal funcionaria realiza respecto del incidente con mercurio ocurrido días atrás. Por ello señalamos que, cualquier tóxico, ya sea mercurio u otra sustancia, es igual de peligroso circulando por los canales del gran Mendoza que en áreas más alejadas, puesto que todos los ciudadanos son igual de importantes, y el medio ambiente es el mismo para todos. Prohibir estas sustancias en la minería es un avance, y más que tratar de liberar a este sector productivo de tal restricción, debemos bregar por la prohibición del uso de las mismas en las demás actividades productivas.
Este gobierno no se ha preocupado por fortalecer los organismos de control, ni de regular efectivamente las actividades económicas, como queda de manifiesto con el ya mencionado incidente del mercurio. Sin embargo, tratan de tranquilizarnos con el falso discurso de “minería sustentable, responsable y controlada”. ¿Acaso creen que vamos a confiar en el monitoreo del estado sobre un emprendimiento megaminero siendo que no se pudo detectar a tiempo la presencia del mercurio en la planta potabilizadora?
A todos ellos, que creen que la Ley 7.722 -nuestra ley- puede llegar a ser derogada desoyendo la voz de un pueblo entero que ya manifestó el modelo de comunidad en el que quería vivir, les decimos que la sociedad mendocina ya no se quedará pasiva ante lo que suceda. La defensa de nuestros bienes comunes sigue más vigente que nunca. La organización popular no ha decrecido ni un segundo desde ese histórico junio de 2007, y responderá con todas sus fuerzas a cualquier intento de acción que lo ponga en duda.
Las asambleas, organizaciones populares y comunidades territoriales no permitiremos que se avance hacia la destrucción de herramientas legales como esta, reforzando las acciones de concientización, la denuncia de la criminalización de compañeros y compañeras de los pueblos afectados, y la defensa de nuestros bienes comunes, como el agua y la tierra.
Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA - AMPAP -
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS - UAC –
asambleaporelagua@gmail.com - www.asambleapopularporelagua.blogspot.com
