Mendoza, 14 de junio de 2012

Comunicado de Prensa de la Asamblea Popular por el Agua

DEFENDAMOS LA LEY POPULAR 7722:

“Que la Suprema Corte Provincial declare en pleno su Constitucionalidad ”

 

Hace casi cinco años, el pueblo mendocino movilizado en las calles y rutas a lo largo de la provincia logró la aprobación de una ley central en la historia de la provincia. Esta ley  surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados, de la movilización e indignación ante las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la ley que impidió que la Megaminera San Jorge destruyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes.  

Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos y lobbistas locales, han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y  lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial Mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la megaminería.

¡Porque esta ley es una herramienta popular, vamos a defenderla!

Esta ley también protege los lagos, cuencas  y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como CIANURO, MERCURIO, ACIDO SULFÚRICO, y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la DIA (declaración de impacto ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización) deben ser ratificadas por ley; c) permite mayor participación en los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) les exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro ambiental.  

Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por la vigilancia del pueblo, en la Legislatura se cuidan de dar el zarpazo a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial. En el terreno de la justicia local, una asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un grupo de empresas relacionadas con la megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar inconstitucional la 7722.

Hoy, esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están avanzando aceleradamente, ante la impaciencia de los capitales, por lo que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de lo que está en juego, que la SUPREMA CORTE PROVINCIAL RATIFIQUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722 EN PLENO, es decir, que todos sus miembros traten este asunto. 

Y ante la gravedad de los hechos, convocamos a todo el pueblo y todas sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales a participar de la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA LEY 7722 el próximo martes 19 de junio. Concentramos desde las 10hs. en Costanera y Vicente Zapata (nudo de costanera), marchamos hacia la Legislatura y concluimos en los Tribunales para exigir se respete la constitucionalidad de esta ley popular.   

 

Esta marcha es solo el inicio de un plan de lucha prolongado y expansivo, en defensa de esta ley que como pueblo supimos conseguir. ¡No vamos a permitir que la voracidad del capital megaminero y sus cómplices locales destruya nuestro territorio ni a sus habitantes! ¡Daremos batalla! 

¡ABSOLUTA VIGENCIA DE LA LEY 7722!

¡QUE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DECLARE EN PLENO SU CONSTITUCIONALIDAD!

¡FUERA LA MEGAMINERÍA DE ARGENTINA, DE AMÉRICA LATINA Y DEL MUNDO!

              

Asamblea Popular por el Agua

Contactos:

Luis Sánchez: 261-6516046

Paula Ferreira: 261-5514854

Federico Blonda: 261-3056291

--

Asamblea Popular por el Agua

CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA  - AMPAP -
REGIONAL CUYO - NOA
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS  - UAC -

Informante sobre nosotros en:
Blog:
http://asambleapopularporelagua.blogspot.com

Facebook (Suscripciones):

http://www.facebook.com/AsambleaPopularporelAgua

Facebook ("Me Gusta"):

http://www.facebook.com/pages/Asamblea-Popular-por-el-Agua/184336314961257

 

Twitter:

http://twitter.com/#asambleaporelag

Nos pueden escuchar en:
LA CORRENTADA!!!
http://soundcloud.com/lacorrentada
Jueves 12hs.
Radio Cuyum 89.3 Mhz

Si modifican la ley 7722 volvemos a la calle y a la legislatura

Sin sorprendernos, nos enteramos que una vez más quieren modificar la ley 7722 para hacerla más flexible. Y es que esta ley, que se sancionó en 2007 por presión del pueblo de Mendoza que despertaba ante la amenaza de la megaminería, es una traba real y concreta al avance de las empresas megamineras. En primer lugar, porque prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera, y en segundo lugar, porque establece que los proyectos deben someterse a ratificación legislativa (instancia donde  San Jorge fue rechazado).

Decimos una vez más, porque desde su sanción esta ley ha sido blanco de constantes ataques de funcionarios y empresas mineras, tal es así que aun hoy tiene once pedidos de inconstitucionalidad que la corte mendocina no ha resuelto. Y no se trata del caso aislado de Mendoza, sino que a lo largo del territorio nacional se han ido derogando sistemáticamente las leyes provinciales similares a nuestra 7722, en una clara estrategia por liberar de “trabas legales” a estas empresas, como son los casos de La Rioja y Rio Negro.

Lo que más nos indigna es la estrategia del gobernador para desligarse del problema político que representa la megaminería en nuestra provincia. Problema tan grande que obligó al por entonces candidato a llamar a rechazar el Proyecto San Jorge a meses de las elecciones. Lo obligó a desarrollar una campaña prometiéndole a todos los mendocinos que no se avanzaría con esta actividad por sobre un pueblo entero que se movilizó para que ni San Jorge ni cualquier otro proyecto se instalara en nuestra provincia. Lo obligó a responder que “se respetaría la plena vigencia de la ley 7722”en cada nota donde le preguntaron por el tema minero.

Ya electo gobernador, y con vistas a una reelección, manifestarse abiertamente promotor de estas empresas mineras es un costo político muy grande en una provincia que ya decidió no dejarlas entrar. Por eso recurre a intendentes, legisladores y ministros para dar la cara en estas decisiones poco populares entre los mendocinos. Asimismo, se nos presentan falsas disputas al interior del PJ sobre el tema minero, en las cuales el gobernador siempre queda bien parado.

Por eso, como mendocinos que fuimos testigos de promesas electorales, exigimos que la ley 7722 se mantenga tal cual fue sancionada. Y advertimos que no vamos a permitir que traicionen al pueblo nuevamente. Si ya se movilizó la provincia entera para lograr su sanción, nos movilizaremos el doble si pretenden seguir adelante con intenciones de modificarla. No vamos a repetir las razones que nos llevan a tomar esta postura por la cual nos han tildado, entre muchas otras cosas, de fundamentalistas. En todo caso, fundamentalistas son todos aquellos que quieran imponerle al pueblo este modelo de saqueo y contaminación a cualquier precio, pasando por encima de cualquier tipo de legislación que proteja a sus ciudadanos.

Porque seguimos luchando, atentos y movilizados, y el pueblo no olvida ni perdona estas traiciones.

¡Estamos alerta!

¡Plena vigencia de la ley 7722!

¡No a San Jorge, no a la explotación de uranio!

¡Fuera VALE de Mendoza y de Argentina!

Contactos de prensa:

Tania Cruz: 0261-5448416

Paula Ferreira: 0261-5514854

Federico Blonda: 0261-3056291

Vergonzosa aprobación del proyecto San Jorge.

Comunicado de Prensa de la Asamblea Popular por el Agua

La decisión obvia de los funcionarios responsables

del saqueo y de la contaminación

Después de casi 4 años de lucha resistiendo a un proyecto megaminero (pese a que la empresa se empeñe en negar una magnitud más que evidente) que aún sin haber puesto un solo ladrillo, ya contaminó socialmente a la provincia, y compró las voluntades de nuestros funcionarios, llegamos al momento que quisimos impedir: la vergonzosa aprobación del proyecto San Jorge.

¿Por qué vergonzosa?

 ·         Porque se ignoró por completo una Audiencia Pública con el 77% de los expositores RECHAZANDO la instalación de la famélica empresa canadiense Coro Mining

·         Porque se ignoraron las movilizaciones en toda la provincia y, las más de 15.000 firmas en oposición presentadas

·         Por el vergonzoso Informe de Impacto Ambiental que presentó Minera San Jorge, plagado de errores técnicos, obviando datos relevantes, tergiversando información científica, mintiendo…

·         Por las declaraciones fuera de lugar de los directivos de la empresa y el comportamiento de la misma buscando corromper a los uspallatinos al prometer bienes y puestos de trabajos imposibles de llevar a cabo según el mismo informe

·         Porque en momentos crisis hídrica el gobierno provincial una vez más privilegia el agua para los de afuera y no para los mendocinos, permitiéndole a grandes empresas del saqueo como ésta consumir 141 litros por segundo, no para el consumo humano, ni animal, ni agricola, sino para que brillen los minerales que se llevan

Pero a pesar de todo esto y mucho más, la Autoridad Ambiental Minera le otorgó la Declaración de Impacto Ambiental.

Esta decisión no nos sorprende ni por un instante. ¿Por qué? Porque aprobar San Jorge es parte del modelo extractivo minero agro-exportador que imponen desde la Nación, y que somete a comunidades enteras a la pobreza, al desalojo, a la pérdida de patrimonio cultural, y peor aún, a la contaminación de su territorio y fuentes de agua, poniendo en peligro la vida de pueblos enteros. Nuestro gobierno provincial responde y reproduce a nivel local ese modelo, y San Jorge es sólo un ejemplo de las mineras a las que están dispuestos a dejar entrar, sometiéndolas a ridículas “condiciones” para que nos quedemos tranquilos mientras ellos entregan el país.

La Evaluación de Impacto Ambiental de este y otros proyectos (como fue el caso de la mina Potasio Río Colorado de la brasilera “Vale”), sólo sirvió para desnudar el hecho de que no es más que una formalidad inservible, y para que la comunidad mendocina tomara conciencia de las artimañas a las que recurren los funcionarios y empresarios para ocultar y manipular la información que, de ser de público conocimiento, complicaría la  justificación para darle luz verde a emprendimientos como el mencionado.

Muestra de ello es nuestro gobernador, que no dudó en afirmar, rozando la ilegalidad, que el Proyecto San Jorge se aprobaría, aún cuando estaba todavía en etapa de evaluación. Y es que de cara a un año electoral, las papas queman y es necesario rendir cuentas: al Gobierno Nacional, a las empresas que otorgaron favores de campaña, etc., y como siempre, el perjudicado es el pueblo.

Otro ejemplo de cómo la decisión estaba tomada de antemano es el comportamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y su titular, Guillermo Carmona, que extendió largamente los plazos permitiéndole a la empresa seguir presentando informes que, de no existir, pondrían en riesgo su aprobación. Asimismo, se confundió a la población difundiendo el carácter “antiminero” de Carmona, título que no puede estar más alejado de la realidad. A esto se suman los debates dentro de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que ignorando las deficiencias de los estudios de línea de base, las intencionadas omisiones y fallas metodológicas del Informe presentado por la empresa, y desoyendo a profesionales y organismos que recomendaban rechazar dicho informe, continuaban apuntando a aprobar el proyecto sometiéndolo a parches que la empresa debe aplicar (sin garantías) “una vez aprobado”.

Sin embargo, sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de “representación y participación”, sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge, porque es imposible pensar que puede desarrollarse una actividad como ésta con una comunidad que la resiste desde el día que se supo que habían puesto los ojos en el hermoso valle de Uspallata.

¡SAN JORGE NO TIENE NI TENDRÁ NUNCA LA LICENCIA SOCIAL!

¡LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS NO SE NEGOCIAN!

¡LAS COMUNIDADES DEBEN PODER ELEGIR SU MODELO DE DESARROLLO!

¡NO A LA MEGAMINERÍA QUE SAQUEA, SECA Y CONTAMINA!

                                                                                 

Asamblea Popular por el Agua

CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN

miembro de:

ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA  - AMPAP -

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS  - UAC -

SAN JORGE - EL PODER ECONÓMICO-POLÍTICO DE MENDOZA PRESIONA PARA QUE LO APRUEBEN

COMUNICADO DE PRENSA

EL PODER ECONÓMICO-POLÍTICO DE MENDOZA-ARGENTINA PRESIONA PARA QUE APRUEBEN EL PROYECTO MEGAMINERO SAN JORGE

Para la Asamblea Popular por el Agua este poder, cuyos personeros son numerosos funcionarios y legisladores de los principales partidos y algunos medios de comunicación, quiere profundizar este modelo neoliberal de entrega de nuestra soberanía nacional y provincial, apoyando estos proyectos que sólo representan saqueo y contaminación.

Obras Sanitarias Mendoza fue un ejemplo de este modelo. Al momento de la privatización, siendo Gobernador de Mendoza Arturo Lafalla, Obras Sanitarias se encontraba en buenas condiciones, materiales y técnicas. En el contexto de la ola privatizadora que azotó al país, Menemato mediante, los personeros del poder entregaron esta señera empresa de los mendocinos. El grupo económico que se quedó con la concesión luego de la compra, pidió préstamos al BID por un monto mayor al que pagó por OSM. Dejó de pagar el canon de concesión y no cumplió con el plan de obras. Estas cuentas las estamos pagando y sufriendo, hoy, todos los mendocinos.

Es el mismo poder que en Diputados convalidó el Proyecto Potasio Río Colorado, que entrega bienes naturales de nuestra provincia y contribuye a la falta de gas para el futuro de todos los argentinos. Frente a las nefastas complicaciones que no sólo el resto del país ya experimenta a nivel energético, sino también numerosas familias mendocinas que tienen dramáticos problemas de acceso al gas para sobrellevar las necesidades diarias, este proyecto es un insulto para nuestro pueblo.

Hoy van por San Jorge, queriendo legitimar un proyecto cuyos numerosos impactos negativos, riesgos, errores, fallas metodológicas, contradicciones y omisiones han sido duramente cuestionados por los dictámenes de Universidad Nacional de Cuyo, Departamento General de Irrigación, Consejo Provincial del Ambiente, Municipalidad de Las Heras y otros. Proyecto de una pequeña empresa extranjera cuyo valor en bolsa cayó a la mitad desde que se conocieron esos dictámenes en enero, que no tiene ninguna mina activa en el mundo, que aún no ha pagado ni la mitad de la concesión minera al dueño anterior, y cuyo objetivo tal vez sea, una vez aprobado el proyecto, obtener grandes ganancias vendiéndolo a otra empresa mayor. Por eso invierte en engañosa publicidad masiva que supone le redituará más que mejorar y completar los estudios del deficiente proyecto presentado.

Conocemos la historia de estos procesos: el dinero lo puede todo para ellos y con sus ansias de poder, las burocracias políticas son sus eficientes gerentes. No nos resulta entonces extraño que Francisco Pérez, Ministro de Infraestructura y ex socio de los directivos de San Jorge, sea el principal político impulsor del proyecto, junto a otros como el Intendente de Las Heras, Rubén Miranda, hoy precandidato a gobernador y reciente presidente del Partido Justicialista. Miranda seguramente tendrá "un gran apoyo", el mismo que tuvo Jaque, secundado por los gobiernos megamineros, contaminadores y depredadores de Catamarca y San Juan, y que llegó prometiendo SEGURIDAD.

Ante este poder y estos personeros de la entrega y la miseria de nuestro pueblo, le decimos a todos los que habitan este suelo de Mendoza que:

- DEFENDEREMOS INCLAUDICABLEMENTE NUESTROS BIENES COMUNES, el agua, la tierra, el trabajo y el bienestar de nuestra gente;

- NOS TENDRÁN PRESENTES SIEMPRE, en la calle, en los foros, en la justicia, construyendo esta ALTERNATIVA DE PODER PARA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO.

A la vez que:

- CONVOCAMOS A LA RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN POPULAR, para avanzar hacia un CAMBIO SOCIAL más justo para todos.

PORQUE DICIENDO NO A SAN JORGE, ESTAMOS DICIENDO SÍ A LA VIDA.

ASAMBLEA PPOPULAR POR EL AGUA integrante de AMPAP – UAC

www.asambleapopularporelagua.blogspot.com o asambleaporelagua@gmail.com

Contacto: Luis Sanchez 0261-6526346

Ataque de la UOCRA a compañeros de la Asamblea Popular por el Agua

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA

Mendoza, 16 de junio de 2010

La Asamblea Popular por el Agua se hizo presente en el día de la fecha en las puertas de la Legislatura Provincial para instar a los legisladores a rechazar el convenio firmado entre el gobierno mendocino y la empresa transnacional VALE, actual propietaria del emprendimiento Potasio Río Colorado. Las autoridades provinciales y nacionales vienen presionando desde hace varios años para que se ponga en marcha el proyecto, y actualmente, para que se apruebe el acuerdo, que tanto Jaque como Carmona enarbolan como una conquista. La Asamblea Popular por el Agua y muchas otras organizaciones sociales y políticas consideramos a este proyecto megaminero viciado desde el comienzo por las condiciones propias del emprendimiento, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada a pesar del dictamen negativo del Consejo Provincial del Ambiente.

Dentro del conflicto que significa la puesta en marcha de este megaemprendimiento (que pretende extraer sales de potasio sobre el margen del Río Colorado al sur de la provincia de Mendoza) los trabajadores de la Construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con carteles intimidatorios, presionaban esta mañana a los legisladores a aprobar el convenio por el cual el 75% de la mano de obra que contrataría la empresa debe ser mendocina. Estos trabajadores repartían volantes en los cuales defendían el proyecto que bien sabemos que sólo generará una ínfima parte de los puestos de trabajo que promete. Hablamos de tan sólo 500 personas en la etapa de construcción, y sólo 386 en la posterior etapa de explotación, lejos de las cifras que la empresa, funcionarios y dirigentes sindicales se empeñan en difundir.

Ante esta situación, nos congregamos en las puertas de la Legislatura; trabajadores, estudiantes, organizaciones; para manifestarnos de manera pacífica y denunciar las consecuencias que implicaría la ejecución de este proyecto.  Por lo cual, desmentimos lo que en un diario local se menciona; “…que éramos una columna de manifestantes y que tres de nuestros compañeros increparon a los sindicalistas, como así también que los mismos se encuentran internados” (Diario El Sol Online – 15/06/2010).

Estuvimos presentes para llevar la voz de la gente común que defiende su ambiente, y reclama calefacción para sus hogares, portando unos afiches y la bandera de la asamblea. En la puerta de la legislatura pedíamos que nos dejaran entrar a participar como oyentes del debate (después de que habían entrado no menos de 10 de los representantes sindicales), cuando la patota sindical nos corrió a golpes. Empujaron a tres de nuestros compañeros casi hasta la esquina de la calle Espejo, repartiendo golpes y patadas, llegando inclusive a abollar el capó de un taxi que estaba parado cuando empujaron a uno de ellos contra el auto para pegarle. Todo esto entre los insultos que no cesaban, y la pasividad de la policía que nos decía que no podía hacer nada “porque es una cuestión privada”. La guardia de la legislatura, testigo de lo ocurrido, dejó que continuara como si se tratara de una pelea de patotas, siendo que la patota era sólo una, y los demás eran meros docentes y trabajadores que se juegan por defender nuestros bienes comunes, como el agua y el gas. Y no es menor mencionar el gas, siendo que  la empresa VALE con este proyecto de sales de potasio consumirá 1 millón de m3 de gas por día, es decir, el equivalente al consumo residencial de gas de TODA la provincia de Mendoza.

Denunciamos y repudiamos el accionar de las fuerzas policiales (que no intervinieron para brindar “seguridad a la ciudadanía”) y hacemos responsables de estos hechos, golpizas e intimidaciones, al Gobierno provincial y al Secretario de la UOCRA, Sr. Néstor Romero.

Denunciamos y repudiamos a los gobiernos provincial y nacional, que actúan en perjuicio de los intereses de la población (acceso a calefacción y vida digna, protección de un ambiente sano); los mismos no son una prioridad, y frente al desabastecimiento y la falta de garrafas la solución es promover este proyecto cuya factibilidad desconocemos, teniendo en cuenta que las reservas de gas alcanzarán para suplir el consumo nacional por tan sólo 8 años. Pensemos qué será de Mendoza de aquí a 40 años (que es el tiempo que tiene pensado extraer la empresa), cuando la escasez sea mayor y mayor sea la demanda, y Potasio siga necesitando las mismas cantidades exorbitantes de energía. El recorte se hará donde históricamente se viene dando: en las casas y los bolsillos de los mendocinos. Esta situación estábamos denunciando, y golpes fue lo que recibimos.

Denunciamos y repudiamos el Proyecto Potasio Río Colorado (de la transnacional VALE), porque su explotación sólo significa saqueo y contaminación, profundiza el modelo de monocultivos de caña y soja (principalmente en Brasil) que usa agrotóxicos, expulsa a campesinos y pueblos originarios de los territorios, atenta contra la VIDA, la BIODIVERSIDAD y la SOBERANIA ALIMENTARIA de los pueblos.

Nuestra asamblea, como el resto de las asambleas, las organizaciones populares de Mendoza, de nuestra América no se amedrentan por las patoteadas de los gremios corruptos ni de los políticos, que como los de turno, se empeñan en cumplir los intereses de las megamineras.

Seguiremos con más fuerza que nunca en la lucha por una sociedad justa, una vida digna y un ambiente que haga posible nuestra vida como la de los que vendrán.

¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO QUE DEFIENDE LOS BIENES COMUNES! ¡GAS PARA LAS FAMILIAS MENDOCINAS, NO PARA POTASIO RÍO COLORADO Y LAS  MEGAMINERAS QUE SAQUEAN Y CONTAMINAN! 

Asamblea Popular por el Agua

CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN

miembro de:

ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA  - AMPAP -

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS  - UAC –

25 de Mayo - Documento de la Asamblea Popular por el Agua

Documento


200 Años de Resistencia

BASTA DE SAQUEO, HAMBRE Y LA CONTAMINACION

EL AGUA NO ES UN NEGOCIO, ES VIDA Y UN BIEN DE TODXS!

Mendoza, 25 de mayo de 2010

Hoy celebramos 200 años de la resistencia de nuestro pueblo, sintiéndonos también juntos a nuestros hermanos latinoamericanos. Es una fecha para repensar no sólo el pasado sino también nuestro presente y futuro.
Hace doscientos años ya se enfrentaban distintos modelos y modos de construir nuestra sociedad. Hoy nuestro pueblo asiste a los mismos desafíos pero con el peligro de arrastrar nuestra naturaleza a límites tras los cuales se hará muy difícil volver después de haberlos pasado. El agua, la tierra, la energía son bienes cuya soberanía hoy buscan arrebatar los poderosos a los sectores populares.
Este 25 de mayo, debe servirnos no sólo para celebrar y recordar una fecha del pasado, sino para cuestionar el presente y exigir un futuro mejor. Debe servirnos, para reclamar una verdadera independencia, una definitiva independencia de la opresión, de la injusticia, del saqueo que hoy se disimulan bajo el discurso del crecimiento económico y las inversiones en infraestructura para los grandes proyectos mineros, los agro-negocios; que son sólo negociados de funcionarios y empresas corruptas, que traen el hambre y la desintegración de las comunidades donde se instalan. No debemos olvidar, también la exigencia de un pueblo ante lo que le corresponde, especialmente ante el descuido y ninguneo del gobierno de los servicios básicos (salud, justicia, educación) para todas y todos los que formamos parte de esta sociedad.
Es así, buscando respuestas, desde lxs de abajo, desde el mismo pueblo sin confiar en funcionarios “salvadores” que como meros burócratas no cuestionan el modelo impuesto, ni en empresas que bajo el mentiroso concepto de la “responsabilidad social” que se adjudican ellas mismas no hacen más que perpetuar el engaño, el saqueo y la contaminación a las que nos someten. Es también dándonos cuenta que la verdad no reside en los monopolios mediáticos como se re-significará esta fecha. Sólo así se actualizará y se podrá consolidar una verdadera revolución, más amplia y definitiva que la de aquel 25 de mayo de 1810.
Las asambleas de autoconvocadxs, ya estaban presentes en los movimientos de trabajadores del primer centenario; en los años 90’ volvieron a conformarse para luchar por la búsqueda de trabajo a la vera de las rutas y las calles; y luego en 2001/2002, cuando muchxs de nosotros veíamos cómo se desmoronaba nuestra vida por una de las crisis más brutales de la historia argentina reciente. Esta forma organizativa, la asamblearia y autónoma, es la que hoy está viva en quienes desde Jujuy a la Patagonia y desde la cordillera hasta el Atlántico, defienden nuestros bienes comunes de la voracidad de funcionarios, políticos, y empresarios, que amparados por las fuerzas de seguridad y los grandes medios de comunicación consuman la opresión que hoy vivimos.
Nosotros como muchos compañeros y compañeras del campo popular (de Argentina y otros pueblos hermanos) somos silenciados y criminalizados, pero eso no hace mella en nuestras convicciones. Estamos aquí hoy, para levantar nuestra voz contra el proyecto megaminero San Jorge en Uspallata, rechazar la judicialización y sumarios de miembros de la asamblea de Uspallata y estudiantes de la UNCuyo , para alzar la voz por el saqueo al que nos someterá el proyecto de sales de potasio en Malargüe( ya aprobado por el gobierno de Jaque y Carmona), para rechazar el financiamiento megaminero y privado de las universidades públicas, para recuperar OSM con el control del pueblo y sancionar a los empresarios que la vaciaron y para defender nuestros glaciares y un desarrollo verdaderamente sustentable.
El pueblo de Mendoza, y sus asambleas populares defenderemos con uñas y dientes los bienes naturales de esta tierra. Para esto, no sólo emplearemos y consolidaremos las herramientas legales que nos amparan (la ley 7722), también denunciaremos, reclamaremos y actuaremos junto a las demás organizaciones populares. Sólo así, en la unidad con los demás sectores populares lograremos construir un futuro donde los bienes naturales no sean más mercancía sino bienes comunes y donde los ejes estratégicos del porvenir estén dados por la gente y los más débiles en lugar de los grupos del poder empresario y su derecha política, el gobierno y las minorías tecnocráticas del presente.
Sólo a través del poder popular que construya nuestro pueblo, la clase trabajadora, las organizaciones populares y las demás asambleas socio-ambientales es que podremos alcanzar una sociedad verdaderamente justa. Convocamos a fortalecer nuestra unión, a luchar todxs juntxs y a pensar un proyecto que nos contenga a todas y todos los que queremos otro bicentenario, EL BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS!!!

¡Por una verdadera y definitiva independencia! ¡Salud al pueblo que lucha y se organiza!

¡Basta de Hambre, saqueo y contaminación!

LEY 7722 - CONFERENCIA DE PRENSA JUEVES 13 DE MAYO

LEY Nº 7722: NADA DE LEY ANTIMINERA, LEY PIONERA EN LA DEFENSA DEL AGUA

Refutando ataques de funcionarios, empresarios y grupos mediáticos

Mendoza, 11 de mayo de 2010

En junio de 2007 Mendoza se convertía, a nivel nacional e inclusive internacional, en una de las pioneras respecto del cuidado del medio ambiente. Cuatro años después, la ley sancionada a partir del poder popular de una provincia que decidía proteger sus bienes comunes corre peligro. Hablamos de la Ley Nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias toxicas en la actividad minera, y que hoy, bajo el marcadamente tendencioso titulo mediático de “ley Antiminera”, soporta los ataques de funcionarios, empresarios, medios de comunicación y sus periodistas. Esta campaña se manifiesta a través del frustrado proyecto del senador Serralta, de los titulares de los grandes medios gráficos de los últimos días y, no menos importante, del discurso de Celso Jaque y las recientes palabras de la flamante directora de minería de la provincia, Adriana Blesa.
A lo largo de los últimos tres años, las organizaciones sociales, asambleas de vecinos, académicos y ciudadanos de las comunidades potencialmente afectadas, han logrado generar una importante conciencia social respecto de la protección de los bienes comunes, en especial el agua. Esto ha sido posible a partir de un gran esfuerzo de investigación, formación y debate en el interior de dichas organizaciones, enriquecido por el aporte técnico de profesionales que no temen denunciar una realidad que muchos de sus colegas e instituciones que los contienen se empeñan en ocultar. Rechazamos enérgicamente que se pretenda hacer creer que esta es una lucha impulsada por “fundamentalistas” o “ecoterroristas”. Todo lo contrario: responde a una genuina preocupación de comunidades que vieron instalarse la amenaza de la megaminería sobre sus territorios.
Paradójicamente, al mismo tiempo que en Mendoza se llevaba a cabo esta campaña de ofensiva contra la ley mencionada, el Parlamento de la Unión Europea resolvía el pasado 5 de mayo, “la prohibición completa del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedentes de la actividad minera”. Y dentro de los considerandos que motivaron tal decisión, se encuentra “que el uso de cianuro en la minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”. Sin perder de vista el importante antecedente que significa esta medida adoptada por casi todo un continente, no debemos olvidar que el cianuro es una sustancia toxica más de las tantas que utilizan las tecnologías propias de la minería a gran escala.
Es importante dejar en claro, frente a los mecanismos de engaño y difamación de los grandes medios, que las asambleas socio ambientales y las organizaciones sociales que promueven la defensa de los bienes comunes, como así también los vecinos directamente perjudicados por estos proyectos megamineros, no nos oponemos caprichosamente a la actividad minera en general, sino a un determinado modo de explotación a gran escala que implica el uso de tóxicos que causan efectos irreparables en la sociedad y el territorio y que no constituye, de ninguna forma, una alternativa válida de desarrollo, como desde el gobierno provincial y nacional quieren hacernos creer. Antes bien: es otro episodio más de una larga historia de saqueo y explotación de nuestro continente.
Los acontecimientos de los últimos días hacen evidente la relación directa que existe entre el poder económico, el gobierno local y profesionales y científicos adeptos a los mismos, con los grandes medios. Basta de descalificaciones gratuitas: somos ciudadanos informados y comprometidos que no se venden ante el poder económico. Reiteradamente luchamos por hacer oír nuestras voces a través de innumerables comunicados y volantes de difusión que estos acallan y tergiversan, negándose a publicarlos, gozando de la posición ventajosa que su condición de medios masivos les concede entre la sociedad.
Además, en relación a las palabras de la directora de minería, no podemos dejar pasar la manipulación discursiva que tal funcionaria realiza respecto del incidente con mercurio ocurrido días atrás. Por ello señalamos que, cualquier tóxico, ya sea mercurio u otra sustancia, es igual de peligroso circulando por los canales del gran Mendoza que en áreas más alejadas, puesto que todos los ciudadanos son igual de importantes, y el medio ambiente es el mismo para todos. Prohibir estas sustancias en la minería es un avance, y más que tratar de liberar a este sector productivo de tal restricción, debemos bregar por la prohibición del uso de las mismas en las demás actividades productivas.
Este gobierno no se ha preocupado por fortalecer los organismos de control, ni de regular efectivamente las actividades económicas, como queda de manifiesto con el ya mencionado incidente del mercurio. Sin embargo, tratan de tranquilizarnos con el falso discurso de “minería sustentable, responsable y controlada”. ¿Acaso creen que vamos a confiar en el monitoreo del estado sobre un emprendimiento megaminero siendo que no se pudo detectar a tiempo la presencia del mercurio en la planta potabilizadora?

A todos ellos, que creen que la Ley 7.722 -nuestra ley- puede llegar a ser derogada desoyendo la voz de un pueblo entero que ya manifestó el modelo de comunidad en el que quería vivir, les decimos que la sociedad mendocina ya no se quedará pasiva ante lo que suceda. La defensa de nuestros bienes comunes sigue más vigente que nunca. La organización popular no ha decrecido ni un segundo desde ese histórico junio de 2007, y responderá con todas sus fuerzas a cualquier intento de acción que lo ponga en duda.
Las asambleas, organizaciones populares y comunidades territoriales no permitiremos que se avance hacia la destrucción de herramientas legales como esta, reforzando las acciones de concientización, la denuncia de la criminalización de compañeros y compañeras de los pueblos afectados, y la defensa de nuestros bienes comunes, como el agua y la tierra.

Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA - AMPAP -
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS - UAC –

asambleaporelagua@gmail.com - www.asambleapopularporelagua.blogspot.com