En el marco del debate suscitado a nivel nacional por la aceptación de fondos para las Universidades Nacionales provenientes de la empresa YMAD (Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio), se discutió el pasado miércoles 11 de noviembre en el Consejo Superior de la UNCuyo distintas posiciones acerca del tratamiento estos fondos ($1.200.000 que nuestra universidad recibiría en virtud de la Ley Nº14.771).
El consorcio transnacional Minera Alumbrera Ltd., cuyo vicepresidente Julian Rooney es investigado por la Justicia Federal por contaminación, evasión impositiva y contrabando de minerales, constituyó una UTE con YMAD para la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.
La polémica, ya expresada en la negativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de 24 Facultades y de otras 3 unidades académicas del país a recibir los fondos en cuestión, llegó a la UNCuyo de la mano de organizaciones estudiantiles, docentes y asambleas que plantearon el aspecto ético y político de la aceptación de estos fondos. Estas empresas son cuestionadas internacionalmente por su actividad, y en nuestro país son avaladas por leyes dictadas durante la década menemista y que actualmente cuentan con el apoyo por el gobierno provincial y nacional.
La Asamblea Popular por el Agua estuvo presente en la reunión plenaria del Consejo acompañando los reclamos de l@s consejer@s por estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el despacho presentado por FADIUNC; pudiendo apreciar los dispares conceptos sostenidos acerca del rol de la universidad en la comunidad.
Es notorio que las autoridades hayan insistido repetidamente en que el tratamiento que se dio al tema en la Comisión de Interpretación y Reglamento se circunscribió a lo estrictamente jurídico, prescindiendo del análisis ético, político y social.
Por nuestra parte, consideramos precisamente que no debe soslayarse el debate en este plano, pues el impulso actual de la actividad minera a gran escala en la región (su mayoría en manos de empresas trasnacionales), responde a un modelo económico y a un proyecto de sociedad que el gobierno procura instaurar sin conceder una real participación deliberativa de la comunidad.
Además, se observó en algunos de los miembros del consejo la pretensión de imponer un falso pensamiento científico, avalando que sólo los ingenieros y especialistas de las ciencias “duras” pueden hablar y opinar del tema, desvalorizando la visión, no por social y comprometida menos científica, de docentes y alumnos que integran ese Consejo. Lo que deja entrever la descalificación indirecta hacia algunas de sus propias casas de estudio, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la de Filosofía y Letras entre otras.
Poco después de la sesión del consejo, la Universidad Nacional de Cuyo anunció a través de su sitio web que realizaría un amplio debate sobre la problemática de la minería y sus efectos ambientales “en el que podrán participar los interesados y las organizaciones de la sociedad que lo deseen” (sic).
Por lo cual, consideramos legítima la participación de Asambleas y organizaciones involucradas en el tema y comprometidas con nuestra sociedad y con la naturaleza, a fin de exponer nuestra visión socio-económica y ambiental sobre la megaminería.
Aspiramos a una universidad democrática, popular, y con el rol crítico que le debe corresponder a toda entidad que pretenda ser formadora de sujetos comprometidos con la comunidad y los bienes comunes.
Mendoza, 19 de noviembre de 2009.
